El error humano

EL ERROR HUMANO

Cuando se produce un accidente, una catástrofe o un fallo grave, siempre buscamos responsabilidades. Analizamos los protocolos, investigamos las decisiones, examinamos los errores técnicos y tratamos de identificar a los responsables.

El objetivo no debería ser la búsqueda de los culpables sino el conocimiento de lo sucedido para evitar que pueda repetirse. Pero no es así.

A menudo aparece una explicación recurrente: error humano. En el caso de Urda, el ministro responsable, en sus intervenciones, tratando de explicar lo sucedido, nos dice que nunca han salido de su boca las palabras “error humano”. No obstante, nos ha comunicado que tiene 48 años, dos años de experiencia y su turno llevaba dos horas trabajando. Supongo que este señor lo entenderá, yo creo que se refiere muy claramente a una persona humana.

Pero ¿y si el error humano fuera mucho más amplio?

El error no es exclusivamente del controlador, ni del supervisor, ni del ministro, ni siquiera del presidente del Gobierno. Hay otros responsables que no deberíamos olvidar: los millones de españoles que, viendo lo que está pasando, sufriendo sus consecuencias y conociendo los acontecimientos, siguen respaldando con su voto a quienes tienen la responsabilidad de gobernar. De eso vamos a reflexionar hoy.

ERROR NO ES LO MISMO QUE ESTRATEGIA

Una equivocación no debe confundirse nunca con una estrategia. Cometer un error supone tomar una decisión equivocada, interpretar mal una situación o actuar de forma incorrecta sin buscar, necesariamente, un beneficio propio. Es algo que puede sucederle a cualquier persona y en cualquier organización.

Pero hay algo muy diferente: influir deliberadamente en el desarrollo de los acontecimientos, desviar fondos que tuvieron que ser utilizados en el mantenimiento de una línea ferroviaria para pagar gasto corriente por la falta de unos presupuestos, seleccionar qué información se hace pública, cuándo se difunde y qué parte se muestra, orientar el relato y desplazar las responsabilidades para conseguir que el resultado favorezca a quien toma esas decisiones.

Eso ya no es un error. Es una actuación consciente y orientada a un objetivo. Es una estrategia.

La diferencia es enorme. En el primer caso hablamos de equivocación y, posiblemente, de negligencia. En el segundo, hablamos de utilización interesada de la información, de manipulación del relato. Es una estrategia para condicionar la opinión pública y proteger determinados intereses, los suyos.

Y lo más preocupante es que, cuando estas prácticas se normalizan, se desvirtúa el funcionamiento de las instituciones y se debilita la confianza de los ciudadanos. Solo así se puede entender que el ministro responsable nos diga que “el LZB falla habitualmente, lo ha hecho en 170 ocasiones en 2026 y la actuación, en estos casos, está regulada en el manual de circulación ferroviaria”. Es decir, hemos normalizado que el sistema más importante de seguridad en la alta velocidad, tenga fallos.

No estamos frente a una equivocación sino frente a una estrategia deliberada de influir en las cosas de modo que los resultados favorezcan a quien ha tomado esa decisión. Estamos frente al uso político de Adif, la ocupación de su cúpula directiva por el poder político olvidando el servicio público que es el transporte ferroviario. Eso tiene otro nombres: corrupción, nepotismo y prevaricación.

Hoy por hoy, el cuerpo nos pide no volver a viajar en AVE hasta recuperar la confianza.

Pero, no debemos quedarnos ahí. La investigación, esperemos,  ofrecerá las causas reales del accidente de Urda aunque sepamos que, nueve meses después del accidente de Adamuz, tras una serie de decisiones administrativas, todavía no se han podido analizar las muestras del accidente.

Hay otra responsabilidad que no deberíamos ignorar: la de los ciudadanos que tenemos la posibilidad de evaluar esa gestión y decidir si la respaldan o la castigan.

LA RESPONSABILIDAD DEL VOTO

Es una cuestión incómoda. ¿Entendemos realmente los españoles la responsabilidad que implica nuestro voto?

Cuando buscamos responsables de lo que sucede, quizá debamos ampliar el foco. No solamente mirar hacia quienes ocupan los despachos del poder, sino también reflexionar sobre quienes, con su voto, les permiten seguir ocupándolos.

Votar no consiste únicamente en elegir unas siglas, defender unos colores o apoyar a quienes representan nuestras ideas. Votar tiene mucho más calado. Implica también evaluar, decidir, exigir, recordar y asumir las consecuencias de nuestras decisiones.

En democracia, el voto no es solamente un derecho. Es también una responsabilidad.

No basta con indignarse en una conversación, criticar en las redes sociales o lamentarse viendo las noticias. Cada cierto tiempo tenemos una oportunidad de expresar nuestra opinión de la manera más poderosa que contempla nuestro sistema democrático: las urnas.

Quizás, el mayor error humano sea ver lo que está pasando, sufrirlo y no aprender nada de ello.

Los españoles tenemos una curiosa tendencia: nos gusta buscar culpables fuera, señalar a los demás y repartir responsabilidades. Criticamos a los ministros, al presidente, a los responsables de las instituciones y a los medios de comunicación.

Pocas veces nos detenemos a pensar en una realidad incómoda: todos ellos están donde están, en buena medida, porque nosotros les hemos votado. No podemos desentendernos de las consecuencias de nuestras propias decisiones. La responsabilidad del voto es enorme.

Si conocemos lo que hacen, si conocemos su gestión y, aun así, seguimos respaldándolos en las urnas, también somos responsables. Si les votamos, no podemos considerarnos simples espectadores de lo que sucede. También somos parte de la responsabilidad, en definitiva: culpables.

En las últimas elecciones generales, en 2023, 7,8 millones de españoles dieron el voto al PSOE. Las encuestas para los comicios el 29 de noviembre, indican que pueden recibir por encima de los 7 millones. Ese es el país que tenemos.

Somos nosotros los que les permitimos estar ahí, en esos puestos. Somos nosotros los que permitimos que en la cúpula de Adif hayan desaparecido las personas con conocimientos ferroviarios y esté ocupada por políticos afines al PSOE.

A la vista de lo que está sucediendo, los votantes nos debemos considerar culpables y, de hecho, cómplices de la situación. La parte positiva es que en dos meses podremos actuar y echarlos. Yo no quiero que dimitan, prefiero echarlos con mi voto.

«No podemos quejarnos permanentemente de quienes nos gobiernan y olvidar que somos nosotros quienes, con el voto, les damos el poder para hacerlo».

EL DOBLE RASERO DE LA INFORMACIÓN

Hay algo difícil de entender en la gestión de la información sobre los grandes accidentes.

En el apagón eléctrico tuvimos que esperar meses para conocer los audios de Red Eléctrica. Sin embargo, en el accidente ferroviario de Urda apenas han transcurrido tres horas para que se difundieran unos audios editados que, al no ofrecer la conversación completa, condicionan la interpretación.

¿Por qué tanta diferencia en los tiempos y en los criterios de transparencia?

En el caso del apagón, la difusión de esos audios podía comprometer la actuación de Red Eléctrica, presidida por una persona vinculada al entorno político del Gobierno. En el accidente de Urda, la difusión inmediata de fragmentos de conversaciones puede contribuir a desplazar el foco de atención hacia la actuación de un trabajador y alejarlo de las posibles responsabilidades de gestión, mantenimiento y supervisión.

No afirmo que exista una estrategia coordinada, pero la diferencia de trato merece una explicación. La realidad es que en ambos casos el beneficiario era el mismo.

La información parcial, especialmente cuando se difunde en las primeras horas de una tragedia, permite construir un relato antes de que se conozcan todos los hechos. Y aquí surge una pregunta fundamental: ¿quién decide qué se publica, cuándo se publica y qué partes se hacen públicas?

La transparencia no puede depender de a quién perjudica o beneficia una información.

Cadena SER, El País y elDiario.es tienen una responsabilidad importante en la difusión de estos audios (los mismos medios que publicaron conversaciones filtradas en el accidente de Adamuz) y en la forma en que han contribuido a construir el relato de lo sucedido.

El periodismo tiene una obligación fundamental: informar, contrastar, contextualizar y cuestionar al poder. No convertirse en una pieza más de una estrategia de comunicación política.

Lo de El País resulta especialmente significativo. Desde su nacimiento en 1976, el periódico construyó una imagen de prestigio, independencia e influencia que forma parte de la historia del periodismo español de la Transición. Ver comprometida esa reputación supone un daño considerable a un capital periodístico construido durante décadas y actualmente dilapidado.

Su deterioro de imagen recuerda, salvando las distancias, al cuestionamiento de la alta velocidad española bajo la gestión del actual ministro de Transportes. La peor gestión de la historia, 115 muertos por el momento.

Algo parecido cabe preguntarse sobre el lamentable papel de la Cadena SER. En cuanto al panfleto elDiario.es, prefiero no extenderme. Su director, está siendo investigado por presuntas injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral de Julio Iglesias. Suficiente para no esperar de este medio nada relevante, solo la voz de su amo.

El periodismo no está para proteger al Gobierno ni para hacer oposición por sistema. Está para fiscalizar al poder, exigir explicaciones y ofrecer a los ciudadanos toda la información relevante, incluso cuando resulta incómoda para quien gobierna.

Cuando los medios dejan de hacer las preguntas difíciles al poder, dejan de cumplir una de sus funciones esenciales en democracia.

CONCLUSIÓN: CINCO REFLEXIONES SOBRE EL ERROR HUMANO

1. La responsabilidad no termina en el error individual. Un accidente exige investigar todas las responsabilidades: desde el trabajador que interviene directamente hasta los responsables técnicos, los gestores y los máximos responsables políticos. No se puede convertir al último eslabón de la cadena en el único culpable.

2. La transparencia no puede tener un doble rasero. La información debe hacerse pública con rigor, integridad y contexto, independientemente de a quién perjudique. Seleccionar los tiempos, los fragmentos y el contenido de lo que se difunde puede condicionar la opinión pública.

3. Una equivocación no es una estrategia. Cometer un error es humano. Manipular deliberadamente la información, orientar el relato o desplazar responsabilidades para proteger intereses propios es algo muy diferente. Si se demuestra, exige responsabilidades mucho más graves.

4. Los medios de comunicación también son responsables. Su obligación es fiscalizar al poder, no protegerlo. La credibilidad que han construido durante décadas puede perderse cuando abandonan el rigor, la independencia y el contraste de la información.

5. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Nos gusta señalar a los políticos, criticar a los gobernantes y buscar culpables. Pero olvidamos que quienes ocupan el poder han llegado allí, en democracia, gracias a los votos de los ciudadanos. Votar significa elegir, pero también evaluar y asumir las consecuencias de esa elección. Al no actuar y permitirlo,  somos cómplices.

La democracia no consiste solamente en elegir a quienes nos gobiernan, sino también, y sobre todo, en exigirles cuentas. Y cuando llega el momento de volver a las urnas, recordar lo sucedido y actuar.

El mayor error no es equivocarse, es no aprender, permitir que se repita y votar para ello mientras se sigue responsabilizando siempre a los demás.

España volverá a creer en su alta velocidad

El AVE volverá a ser lo que fue. España cuenta con ingenieros brillantes, técnicos y excelentes trabajadores ferroviarios capaces de reconducir esta situación. Ya lo demostraron en el apagón eléctrico con la recuperación del servicio en un tiempo record.

Tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Fueron ingenieros españoles quienes desarrollaron el TALGO, Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol, una innovación ferroviaria que situó a España en la vanguardia ferroviaria y que ha sido exportado a medio mundo.

Cuando la política ocupe el lugar que le corresponde, asuma sus responsabilidades y deje trabajar a los ingenieros, España recuperará su alta velocidad y los españoles la confianza y el orgullo.

Ese cambio empieza en nuestras manos. El 29N, en nuestra papeleta, está el primer paso.